Hacienda ha establecido un plan para acabar con el actual tapón de los tribunales económicos administrativos, paso obligatorio para recurrir las decisiones de los diferentes departamentos de la Agencia Tributaria (Aeat) y paso previo para que el contribuyente pueda acudir a la vía judicial con sus desacuerdos con Hacienda. El retraso medio de los TEA es de más de dos años.
El año pasado había cerca de 20.000 millones de impuestos pendientes de culminar los litigios en el atasco de los TEA, por lo que reducir este problema supondría minorar esta bolsa y un importante incremento de la recaudación. Tan solo en el TEA de Madrid, en los últimos años había más de 60.000 empresas y ciudadanos con algún expediente pendiente de resolver. En los últimos años, a pasar de los esfuerzos de los TEA, hay unas 350.000 reclamaciones pendientes de resolver
La secretaria de Estado de Hacienda, Inés María Bardón, ha anunciado que el Ministerio de Hacienda ultima las instrucciones para la implantación de un nuevo modelo de gestión informática en los Tribunales Económico-Administrativos (TEA) y en la Dirección General de Tributos con la colaboración de la Agencia Tributaria, que alojará sus sistemas de información, lo que reducirá costes y tiempos.
«Este es el punto más crítico que tenemos que abordar, con los Tribunales Económico-Administrativos, la Dirección General de Tributos y la Secretaría de Estado de Hacienda», ha señalado Gascón.
Entrada en los domicilios
Con respecto a la entrada de los inspectores en los domicilios de los contribuyentes constitucionalmente protegidos, Jesús Gascón ha reiterado la conveniencia de que, con autorización del juez, pero sin avisar a los contribuyentes la Agencia Tributaria pueda volver a entrar en los domicilios constitucionalmente protegidos cuando hay posibilidad de destrucción de pruebas, puesto que suelen encontrarse mayores cantidades de dinero oculto a la inspección que en otro tipo de comprobaciones.
Gascón ha opinado que «cuando existe la posibilidad de destruir pruebas, si hace falta un aviso previo para entrar en domicilios para realizar comprobaciones, no parece que sea muy efectivo».
El importe medio de estas actuaciones lo ha cifrado en 500.000 euros ellas, fruto de abrir cajas fuertes o descubrir dobles contabilidades. En la mayoría de los casos estas actuaciones responden a denuncias anónimas realizadas por otros contribuyentes, que explican la operativa empleada para ocultar el dinero y el lugar donde se guarda. De este tipo de operaciones, un 97% se realizan sobre personas jurídicas, sobre empresas. Y, de ellos, un 85% culminan con acta de conformidad.
En este sentido, Gascón ha indicado que «no hay debate respecto a que si una actuación no está lo suficientemente motivada, no se puede producir la actuación judicial y la entrada en el domicilio.
Finalmente, ha rehusado utilizar sistemáticamente la vía penal para entrar en los domicilios, ya que, considera que éste debe ser el último recurso, ya que «por judicializar más asuntos no se está haciendo mejor el trabajo, a veces puede ser contraproducente». «La vía penal tiene que ser excepcional, no me preocupa que el número de expedientes judicializados sea mayor o menor; a los jueces tiene que ir lo que tiene que ir, no más o menos. Necesitamos un cauce intermedio, siempre con autorización judicial», ha explicado.
También ha explicado que la Aeat realiza entradas en los domicilios a demanda de la Comunidades Autónomas, incluidas en el plan estratégico y reguladas en el Reglamento de Aplicación de los Tributos, que puede acabar en las Juntas Arbitrales cuando hay discrepancias entre las propias Comunidades sobre su competencia.
Fuente: El Economista