El modelo laboral de las empresas de reparto a domicilio como Glovo, Deliveroo y Uber Eats está en jaque tras el fallo del Supremo del pasado miércoles. El Alto Tribunal se pronunció por primera vez sobre la relación laboral entre un repartidor, también conocido «rider», de Glovo y la empresa en Madrid, considerando que este era un falso autónomo. Un dictamen que se produce en un momento determinante para el sector y que puede obligar a estas compañías a regularizar miles de contratos.
El fallo se produce mientras el Ministerio de Trabajo ultima una nueva norma sobre los «riders». El departamento dirigido por Yolanda Díaz, que ha convertido este conflicto en uno de sus caballos de batalla, lleva meses trabajando en una nueva ley que recoja que existe una relación laboral entre estos repartidores y las plataformas de reparto a domicilio para las que trabajan. Y que, por tanto, deben tener los mismos derechos que cualquier asalariado.
Ahora, sin embargo, la sentencia del Supremo supone un impulso casi definitivo para la nueva norma. El miércoles, la titular de Trabajo defendió que tiene ya «una ley preparada» que será sometida al diálogo social con los sindicatos y las empresas «en breve». Los planes del departamento pasan por abordar este asunto cuando se formalice el acuerdo para ampliar los ERTE.
Un conflicto enquistado
La polémica relación entre las plataformas de reparto a domicilio y los repartidores surge en 2016, cuando algunos de los «riders» se unieron para exigir una relación de dependencia laboral. Ahí nacería la asociación «Riders X Derechos», que lleva cuatro años defendiendo esta postura. Desde entonces se han producido numerosas sentencias en los juzgados de primera instancia y autonómicos con resultados dispares. De hecho, el caso sobre el que se ha pronunciado el Supremo tuvo una resolución contraria en el TSJM. Ahora también se espera que dictamine sobre un caso similar que afecta a 532 «riders» de Deliveroo.
Tras conocerse la sentencia el miércoles, «Riders X Derechos» defendió que el fallo «va en la línea del sentido común». Apra y Asoriders, por contra, pusieron en valor el modelo actual y criticaron la «decisión paternalista» de Trabajo respecto a la nueva ley, adoptada «sin tener en cuenta la opinión y los intereses de los repartidores». Yolanda Díaz sí se reunió en junio con «Riders X Derechos». Un encuentro que no gustó a las empresas que, representadas por Adigital, lamentan que nunca se les haya recibido desde el Gobierno.
En declaraciones a ABC, su director, José Luis Zimmermann defiende el diálogo entre todas las partes, «siempre teniendo el foco en la protección del repartidor». Además, expone que «no tiene sentido regular solo el ámbito de los repartidores. «A nuestro modo de entender es un error regular cada figura que vaya apareciendo con la digitalización», subraya.
Fuente: ABC