El Gobierno de coalición formado por PSOE y Unidas Podemos anunció ayer un nuevo plan normativo con las iniciativas que planea impulsar antes de fin de año para fortalecer la recuperación de la crisis del Covid-19, pero también para seguir dando cumplimiento a su acuerdo programático. Esta agenda, aprobada por el Consejo de Ministros, incluye desde la recuperación del plan de medidas contra el fraude fiscal que el Ejecutivo de Pedro Sánchez ya trató de aprobar en 2019 –malogrado por la convocatoria electoral del 28A– a la polémica revisión de la reforma laboral del PP. Esta última medida, que ha dividido a los socios de Gobierno, se abordará finalmente de forma parcial y será negociada en el diálogo social.
La derogación integral ha estado sobre la mesa y, de hecho, PSOE y Podemos llegaron a pactarla con Bildu en primavera a cambio de su apoyo a una de las prórrogas del estado de alarma, lo que suscitó una fuerte contestación del empresariado, que llegó a abandonar el diálogo social. Pese a que el vicepresidente de Asuntos Sociales y lider de Podemos, Pablo Iglesias, ratificó este compromiso, la vicepresidenta de Asuntos Económicos, a la cabeza del ala más ortodoxa del Ejecutivo, acabó rechazando esta opción.
Aunque el Ejecutivo avanzó que la medida será negociada con patronal y sindicatos, fuentes del Ministerio de Trabajo revelan que se reservan la opción de impulsar la reforma en solitario si no hay acuerdo posible. Algo probable dadas las advertencias del empresariado sobre la inconveniencia de endurecer para las compañías la legislación laboral en plena crisis económica por el Covid-19.
Fuente: Cinco Días